La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; Directores de Cadenas de Restaurantes, A.C., y la Asociación Mexicana de Restaurantes A.C., fijamos una posición clara frente a los bloqueos y cierres viales registrados en la Ciudad de México: el diálogo político no puede construirse sobre la afectación diaria a trabajadores, familias, comercios, turismo y actividad económica.
En los últimos días, zonas clave de la capital han enfrentado cierres, interrupciones a la movilidad y afectaciones operativas que han impactado directamente a más de 1,000 restaurantes ubicados en corredores económicos, turísticos y gastronómicos de alta relevancia.
No se trata de una simple complicación vial. Para el sector restaurantero, un bloqueo significa mesas vacías, reservaciones canceladas, trabajadores que no pueden llegar, proveedores detenidos, alimentos que se pierden, ventas que no se recuperan y empleos que se ponen bajo presión.
La protesta social es un derecho y debe ser respetada. Los que suscribimos no criminalizamos la manifestación ni desconoce la legitimidad de las demandas sociales. Pero también debe decirse con toda claridad: ningún derecho puede ejercerse anulando de manera sistemática los derechos de terceros.
La capital no puede operar bajo la lógica de que cada conflicto se traduzca en parálisis. La ciudad no puede quedar rehén de bloqueos recurrentes. Y quienes trabajan, invierten, generan empleo, pagan renta, pagan nómina, cumplen obligaciones fiscales y sostienen cadenas de proveeduría no pueden seguir absorbiendo el costo de conflictos que no provocaron.
Los restaurantes son parte esencial de la vida económica y social de la Ciudad de México. No son únicamente establecimientos mercantiles: son centros de trabajo, puntos de abasto, espacios de convivencia, motores turísticos y sustento directo para miles de familias.
Cuando se bloquea una zona restaurantera, no se afecta solamente al dueño de un negocio. Se afecta al mesero que vive de sus propinas, a la cocinera que depende de su jornada, al repartidor que pierde entregas, al proveedor que no cobra, al productor que no coloca su mercancía y al comensal que no puede llegar.
Por eso, hacemos un llamado firme a las autoridades federales y de la Ciudad de México para que asuman con responsabilidad política e institucional la conducción del conflicto. El diálogo debe continuar, pero la ciudad también debe funcionar.
No basta con informar cierres o sugerir alternativas viales. Se requieren medidas efectivas para proteger el libre tránsito, la operación económica, la seguridad de trabajadores y clientes, y la continuidad de actividades esenciales para la capital.
Esta afectación no proviene únicamente de marchas o bloqueos. También se genera cuando, por decisiones operativas de movilidad y seguridad pública, se cierran vialidades para facilitar traslados oficiales, operativos institucionales, movimientos de equipos deportivos, aficionados, eventos culturales, deportivos o de alta concentración. Entendemos la necesidad de ordenar la ciudad y garantizar seguridad; sin embargo, esos dispositivos no pueden traducirse en cierres prolongados, falta de información o restricciones que paralicen zonas completas sin coordinación previa con los sectores afectados. Cuando más de 1,000 restaurantes ven limitada su operación, la afectación puede alcanzar, de manera conservadora, a más de 20,000 trabajadores y a más de 100,000 comensales potenciales por jornada, además de proveedores, repartidores, productores y familias que dependen de esa actividad.
También hacemos un llamado respetuoso, pero categórico, a los grupos movilizados: sus demandas deben procesarse sin imponer a la ciudadanía, a los trabajadores y a los pequeños negocios una carga económica y social que no les corresponde.
La Ciudad de México está en un momento de máxima exposición nacional e internacional. En el marco del Mundial, la capital debe proyectar gobernabilidad, capacidad de diálogo, orden público y respeto a quienes todos los días sostienen su actividad económica.
Los que suscribimos exigimos que se escuche a todos: a quienes protestan, pero también a quienes trabajan; a quienes demandan soluciones, pero también a quienes necesitan abrir sus negocios para pagar salarios; a quienes ejercen derechos, pero también a quienes están siendo afectados por el ejercicio desproporcionado de esos derechos.
La posición es clara: sí al diálogo, sí a la protesta pacífica, sí a la solución institucional de los conflictos. Pero no a la normalización de bloqueos que dañan el empleo, el turismo, la movilidad, el comercio formal y la vida diaria de la ciudad.
La protesta es un derecho. Trabajar también. La Ciudad de México necesita ambos, no uno a costa del otro.
